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Denuncia administrativa publicada en http://www.miguelgallardo.es/conflictos.pdf
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A la Oficina de Conflictos de Intereses del Ministerio de Administraciones Públicas (MAP)
Considerando la Ley 5/2006, de 10 de abril, de regulación de los conflictos de intereses de los
miembros del Gobierno y de los Altos Cargos de la Administración General del Estado, y
en especial la Resolución 2787/07 de la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) que
puede verse publicada en http://www.miguelgallardo.es/CNC-UPM.pdf
y nuestra denuncia de fecha 2 de abril en http://www.miguelgallardo.es/denuncia.pdf
Pedimos que se incoe un expediente en el que se nos tenga por interesados requiriendo a
todos los miembros del Consejo de la CNC, Luis Berenguer Fuster, Fernando Torremocha
García-Sáenz, Emilio Conde Fernández-Oliva, Miguel Cuerdo Mir, Pilar Sánchez Núñez,
Julio Costas Comesaña, Mª Jesús González López e Inmaculada Gutiérrez Carrizo, para
que declaren cuáles han sido, son y previsiblemente pueden ser en el futuro, todas sus relaciones
remuneradas con universidades públicas, porque es evidente e innegable que pueden existir, y
creemos que existen, muy serios conflictos de intereses económico-universitarios, que deben ser
declarados con todos los datos comprobables y documentados, detallada y objetivamente.
Sin perjuicio del derecho que tenemos a interponer recurso contencioso-administrativo ante la
Audiencia Nacional contra la Resolución 2787/07 de la CNC, hasta el 8 de mayo de 2008, la
lectura de dicha resolución nos hace pensar que se pretende sentar un inamovible precedente
por el que los funcionarios públicos dedicados a tiempo completo a la docencia universitaria
puedan elaborar y ratificar ante Juzgados y Tribunales dictámenes periciales sin límite ni co