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CULTURA DE LA LEGALIDAD. Los posibles significados de una frase que debiera ser parte de nuestra vida cotidiana. “…una política de legalidad es hoy la más radical de las revoluciones posibles, además de la primera de las revoluciones deseables…” Paolo Flores D’Arcais. Una larga tradición de pensamiento, nos dice que los conflictos entre los seres humanos deben ser dirimidos a través de cauces previamente establecidos por aquello que algunos han comparado con la representación más clara de la racionalidad: el derecho. Para quienes somos abogados, hablar de “orden normativo”, “legalidad”, “seguridad jurídica” o, más genéricamente, de “fines del derecho”, resulta cotidiano o al menos comprensible. Las dimensiones sociales del derecho son claras para quienes tenemos el bagaje cultural de nuestra formación universitaria como abogados; pero, ¿qué sucede con quienes no lo son? El asunto pareciera complicarse; pero no es así, por que el derecho es algo que atañe no solamente a los jueces, a los legisladores o a los abogados, sino algo que nos atañe a todos. El derecho es parte de la vida. Concierne, incumbe, afecta a todos los campos de la vida; pero además, el derecho es una herramienta poderosísima de cambio social. Cuando el Congreso sanciona una nueva ley, al mismo tiempo modifica la conducta de quien es sujeto de esa ley, lo cual significa que si la ley es regresiva, la conducta regulada será regresiva; pero si en cambio la ley es progresista, obliga a las personas a modernizarse, a tomar actitudes diferentes1. Como se ve, el derecho no solo refleja la sociedad a quien regula, sino que también la cambia, la orienta, la transforma. Dada su importancia, el derecho debiera ser parte de nuestra cultura. Y al decir esto no solo me refiero a nuestra cultura como parte de un conjunto de conocimientos, ideas o teorías que se han conjuntado y sistematizado. No. Me refiero a que debiera estar incorporado a nuestra vida cotidiana 1 Bunge, Mario. “El derecho como técnica social de control y reforma”. Isonomía. Revista de teoría y filosofía del derecho. Número 13, Octubre de 2000. Instituto Tecnológico Autónomo de México. como lo están otros muchas cosas. Al señalar lo anterior me quiero referir precisamente a la expresión que le da título a esta conferencia: Cultura de la legalidad. La cultura de la legalidad, concepto diverso de significación múltiple. La cultura de la legalidad, entendida en su acepción más simple de imperio de la ley, ha sido siempre una constante en otras culturas.2 Pero ¿de dónde proviene, de dónde hemos extraído esa frase? ¿Cuál es su contenido? Su origen no es reciente, pues a principios de la década de los noventa Giovanni Tarello utilizaba ya la expresión cultura jurídica como concepto genérico que 2 Recordemos, por ejemplo, la tradición jurídica del “common law”, en la que el derecho no escrito ha sido la constante y en la que la idea de derecho es tan determinante que prescinde, incluso, de ya incluía lo que hoy para nosotros es cultura de la legalidad3;. pero la permeabilidad que ha tenido en los últimos años se debe, principalmente, a los cambios que se han venido sucediendo sobre todo en algunos sistemas políticos como los latinoamericanos. Pero vayamos al grano, ¿Cultura de la legalidad significa Estado de Derecho? La pregunta podría compararse con otra que debiéramos hacernos ¿Democracia son solo elecciones? En mi concepto, la respuesta a ambas interrogaciones es no. La expresión cultura de la legalidad trasciende a cualquier concepción que algo para nosotros tan fundamental como es la constitución escrita. Véase, al respecto, Zagrebelsky, Gustavo. El derecho Dúctil. Trotta, Madrid, 1997. pretenda designarla solamente como cultura jurídica o Estado de Derecho.4 Cultura de la legalidad significa, sí, imperio de la ley; pero también significa obediencia de la ley, y la obediencia requiere, necesariamente, conocimiento de la ley. 5 La definición más clara de la cultura en general, tiene que ver con el conocimiento que se tiene del mundo, de las cosas; tiene que ver con la forma en que percibo y soy percibido. 3 Tarello, Giovanni. Cultura jurídica y política del derecho. FCE, México, 1995. 4 Hablar de cultura jurídica, como señala Gerardo Laveaga (La cultura de la legalidad. UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas. Serie Estudios Jurídicos Número 8. México, 2000, p. 20), implicaría aludir a la tradición que han seguido diversos pueblos para elaborar, aplicar e interpretar su derecho, (véase Merryman, John H. La tradición jurídica Romano Canónica. FCE, México, 1990) o bien a la concepción del derecho que ha orientado a estos grupos humanos, como la entiende Giovanni Tarello. “…el término cultura de la legalidad…define mejor que cualquier otro el conocimiento que un pueblo tiene de su derecho, así como los esfuerzos que hacen grupos y facciones –principalmente el gobierno– para difundir o no difundir tal conocimiento, las variables del proceso mediante el que un pueblo acata las normas que lo rigen, los efectos concretos que este ejercicio tiene en la sociedad civil y los límites a los que se circunscribe.” Laveaga, loc. cit. 5 “¿No tendríamos un mundo más habitable si la gente respetara la ley? Para que esto ocurriera la ley tendría que conocerse.” Laveaga, Gerardo. Op. cit. p. 18. A ese respecto, véase también Cárcova, Carlos. La opacidad del derecho. Trotta, Madrid, 1998. De la misma manera, la cultura de la legalidad implica necesariamente el conocimiento del ordenamiento jurídico. Conocimiento que puede tenerse a distintos niveles, pero que tiene, como irremediable consecuencia, el fortalecimiento del orden social en un Estado.6 El papel de las instituciones en esta tarea es fundamental. Por ello es indispensable su fortalecimiento a través del buen desempeño de sus funciones, lo que traerá como consecuencia una mejoría en la percepción que de ellas tiene el ciudadano. Pues, desde mi perspectiva, no existe crisis en las instituciones, sino más bien en la percepción que los ciudadanos tienen de 6 “…la adecuada difusión de nuestras disposiciones jurídicas contribuye a fortalecer el orden social de un estado. Ciertamente, orden social es un concepto lleno de aristas: pues puede significar la coexistencia pacífica de los distintos grupos que integran una comunidad, pero, también, la preservación del statu quo de la misma.” Laveaga, op.cit., p. 18 ellas. Es deber de las propias instituciones, labrar una nueva imagen que permita construir esa tan anhelada cultura de la legalidad. Construir una verdadera cultura de la legalidad tiene como presupuesto esencial la transformación de muchos paradigmas de pensamiento a todos los niveles. Desde el ciudadano común que transgrede con frecuencia ordenamientos que podrían considerarse de poca importancia –como los reglamentos gubernativos o de tránsito– hasta el más alto funcionario que falta a su deber constitucional de hacer cumplir las leyes y reglamentos. En todos los casos, la trascendencia de esas acciones es de magnitudes inconmensurables. La cultura de la legalidad conlleva, particularmente, un cambio en la concepción de los principales operadores y difusores de la cultura jurídica: los abogados. Al ser los principales operadores y conocedores por tanto del sistema de derecho, a los abogados corresponde el difundir, sin falsa vanidad, con sencillez y sin medida, el conocimiento jurídico adquirido en la práctica profesional a través de los medios que tiene a su alcance. Eso es también cultura de la legalidad. El abogado debe ser el principal difusor de esta cultura y, sobre todo, el primero en respetarla. Cultura de la legalidad tiene que ver con una mejoría sustancial en nuestra deficiente educación cívica y política y se traduce, también, en un serio compromiso de maestros y alumnos por promover los fines del derecho, por mejorar la calidad de su enseñanza y por asumir un compromiso interminable de actualización constante. Tiene que ver con el rompimiento de esquemas de comportamiento como la corrupción y el clientelismo, los liderazgos caciquiles, el “charrismo” sindical y el nepotismo. La cultura de la legalidad tiene que ver con la difusión de la idea de que nadie puede hacerse justicia por propia mano, ni puede erigirse en juez de nadie. Tiene que ver con la erradicación de esa tendencia de los medios y de la sociedad a convertirse en Tribunales y juzgar, condenar o absolver. Cultura de la legalidad es abolir para siempre la Tribunalización de la sociedad y acostumbrarnos a resolver los litigios por las vías establecidas para ello. Cultura de la legalidad es también y sobre todo fortalecer a cada uno de los poderes en la forma particular en que cada uno necesita ser fortalecido. El Ejecutivo, unipersonal, requiere de fortaleza en cada una de sus dependencias, en cada frente de la administración pública federal; pero también en la persona del Presidente mismo. El Poder Legislativo requiere de fortalecerse a través de la fortaleza de cada una de las fracciones parlamentarias de los Partidos Políticos en él representados. Y, finalmente, el Poder Judicial se fortalece en la independencia y autonomía de cada uno de sus miembros. Este fortalecimiento únicamente puede provenir del respeto que, para sí mismo, tenga cada uno de los poderes y del respeto que tenga para con los demás. Ello solamente se logra mediante el establecimiento de una verdadera cultura de la legalidad que tenga a la Constitución por principio y a la ley como guardia. La cultura de la legalidad exige que cada órgano, cada familia, cada persona, asuma el papel que le corresponde desempeñar responsablemente, sin ambages ni temores. Solamente así se logrará el fortalecimiento de nuestra democracia y el bienestar del pueblo, a quien nos debemos.
